Desde principios de octubre, un total de 271 municipios en Cataluña han empezado a aplicar restricciones al precio de los alquileres. Con esta nueva medida, se suman 131 localidades a las 140 que ya habían sido declaradas zonas de mercado tensionado desde marzo, según se anunciará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles. Más del 90% de la población catalana vivirá en áreas con control de precios, una medida permitida por la Ley de Vivienda para las comunidades autónomas. En Apialia analizamos estas nuevas zonas tensionadas.
El BOE publicará la inclusión de estas 131 nuevas zonas a solicitud de la Generalitat, la cual, bajo el mandato anterior de Pere Aragonés (ERC), implementó los primeros límites al precio de los arrendamientos. Esta política se mantiene en el gobierno actual liderado por Salvador Illa (PSOE).
El proceso comenzó en abril, un mes después de que se activaran las 130 zonas iniciales de mercado tensionado. En julio, estas medidas fueron publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc). Para su entrada en vigor, la solicitud pasa por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), que debe autorizar y anunciar en el BOE.
El incremento de las áreas con control de precios coincide con la presentación de un estudio de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, que analiza la evolución del mercado durante el primer trimestre bajo esta regulación. Según los datos del Govern, en estas 140 localidades, los alquileres subieron un 0,1% interanual y disminuyeron un 5% respecto al trimestre anterior. En otras zonas no reguladas, el aumento interanual fue del 5% y la bajada trimestral del 0,6%.
En Barcelona, los precios subieron un 0,7% en comparación con el año anterior, pero bajaron un 5,2% entre abril y junio. No obstante, la firma de nuevos contratos disminuyó un 10,7% en el primer semestre, con una reducción del 17,2% en el segundo trimestre.
El Ministerio de Vivienda ha valorado positivamente esta contención de precios, destacando que se ha revertido una tendencia de 11 trimestres consecutivos de subidas. En las zonas tensionadas, los contratos renovados mantendrán los términos anteriores, pero los nuevos contratos podrán ajustarse al último precio más un 3%, con la posibilidad de aumentar hasta un 10% si se realizan mejoras en la vivienda.
