Hace un año, se aprobó la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, con la intención de transformar el mercado residencial, especialmente el de arrendamientos. Sin embargo, la nueva regulación ha generado desconfianza entre los propietarios, reduciendo significativamente la oferta de alquileres. Además, la esperada estabilización de precios no se ha logrado, y los precios de alquiler siguen en niveles récord, según los expertos. En Apialia te hablamos sobre el impacto en la oferta y el precio del mercado inmobiliario.

 

La ley fue criticada antes de su implementación por políticos, empresarios y el sector inmobiliario, quienes temían que disminuiría la oferta y aumentaría los precios y algunos expertos del sector, señalan que la principal consecuencia ha sido la disminución de la oferta y el aumento de los precios de alquiler.

 

La desconfianza y la inseguridad jurídica generadas por la ley han llevado a muchos propietarios a optar por alquileres temporales o por habitaciones, formas menos reguladas y más lucrativas, una tendencia se ha intensificado para eludir las restricciones de la ley. Los estudios reportan un incremento del 56% en los alquileres temporales y una disminución del 15% en la oferta de alquileres permanentes.

 

Cataluña ha sido la única comunidad en declarar áreas de mercado tensionado, limitando la subida de precios en nuevas contrataciones y extendiendo las prórrogas de los contratos. Sin embargo, esta medida no ha mejorado la accesibilidad a la vivienda y ha generado más incertidumbre. Los precios han seguido subiendo, y la oferta se ha reducido aún más.

 

El Tribunal Constitucional ha avalado gran parte de la ley, aunque ha señalado algunas inconstitucionalidades. La proliferación de zonas tensionadas podría ampliarse sin el consenso de las comunidades autónomas, lo que añade más incertidumbre.

 

Por lo tanto, un año después se observa que la Ley de Vivienda ha tenido efectos negativos en el mercado de alquiler, reduciendo la oferta y aumentando los precios, mientras se promueven fórmulas de arrendamiento menos reguladas y más rentables para los propietarios.

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